El legado económico de la SHCP para el próximo presidente
El presupuesto público en México enfrenta un duro golpe con el plan de recorte propuesto para el ejercicio fiscal 2025. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se contempla una reducción significativa en el gasto público programable, que incluye rubros como salud, educación y seguridad.
Este ajuste, que implicaría una disminución de 12.1% en términos reales, ha generado preocupación en diversos sectores. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) destaca que este recorte impactaría directamente en el crecimiento económico a corto plazo, el funcionamiento de las instituciones públicas y el nivel de vida de la población.
Según Christopher Cernichiaro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la reducción del gasto público podría provocar una disminución en la demanda agregada, afectando la producción, el consumo, la inversión y, en última instancia, el empleo y los salarios. Además, la falta de recursos en instituciones públicas podría traducirse en una menor calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Por otro lado, la proyección de la deuda pública como porcentaje del PIB para 2025 es preocupante, ya que se espera que supere el 50%. Esto podría poner en riesgo la calificación crediticia de México y aumentar la vulnerabilidad del tipo de cambio, según Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.
Además, los ingresos públicos se verían presionados por la caída en los precios del petróleo y un crecimiento moderado en la recaudación de impuestos, lo que agrava aún más la situación financiera del país.
En resumen, el plan de recorte al gasto público para 2025 plantea desafíos importantes para la economía mexicana, con repercusiones en el crecimiento, el funcionamiento de las instituciones y el bienestar de la población. Es crucial encontrar un equilibrio entre la consolidación fiscal y la protección de los servicios públicos esenciales para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el país.
