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Violenta conclusión de la marcha por el 8M en Zacatecas

La marcha del 8 de marzo en Zacatecas termina en violencia y detenciones de mujeres

La manifestación del 8 de marzo en la capital de Zacatecas dejó un saldo lamentable: al menos una decena de mujeres detenidas y golpeadas, incluyendo a algunas menores de edad. A pesar de que la participación en la marcha fue histórica, con la presencia de aproximadamente 13 mil personas, la violencia se desató al llegar a Plaza de Armas, en el centro histórico de la ciudad.

El gobierno del estado informó que siete mujeres policías resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, tras los enfrentamientos con un grupo de manifestantes. Incluso una de las agentes policiales sufrió una fractura craneal, manteniendo un estado de salud reservado. Ante estas agresiones, un mando policiaco tomó la decisión de responder y se inició una redada para detener a algunas de las manifestantes, incluyendo a una adolescente que fue detenida con violencia.

Además, al menos cinco periodistas y defensoras de derechos humanos también fueron detenidas y golpeadas por los policías, siendo posteriormente trasladadas a la comandancia de la Dirección de Seguridad Pública municipal. El gobierno del estado condenó estos actos de violencia y aseguró que las mujeres detenidas habían sido liberadas, comprometiéndose a realizar una investigación para deslindar responsabilidades.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también condenó el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, exhortando a las autoridades a esclarecer los hechos. Mientras tanto, la capital del estado se mantiene en una tensa calma, con un discreto operativo de seguridad pública activo en la zona centro de la ciudad, y los colectivos feministas preparan protestas ante la represión policiaca.

Es importante que se investiguen a fondo estos incidentes y se garantice la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas en estas manifestaciones. La violencia nunca debe ser la respuesta a las demandas legítimas de la ciudadanía, y es responsabilidad de las autoridades velar por la integridad de todas las personas en cualquier tipo de protesta.

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