Repecos, RIF y Resicos: 20 años de lucha contra la informalidad

En los últimos cinco sexenios, México ha tenido tres programas de regímenes fiscales cuyo objetivo es, a través de beneficios, incorporar a la formalidad a los pequeños y medianos negocios informales e incrementar la base de contribuyentes cautivos, así como facilitar la declaración y pago de impuestos. No obstante, las intenciones han quedado a medias. Desde hace 20 años, los índices de informalidad absorben más del 50% de la población ocupada, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los cambios de un programa a otro han cortado la adscripción de adeptos y han dificultado a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones; además, estos regímenes han servido para cometer actos de evasión y elusión fiscal, indican el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Se trata del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), que entró en vigor en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo; el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que llegó en 2014 con Enrique Peña Nieto, para sustituir al Repecos; y el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que entró en vigor en 2022, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin dejar de lado, hasta la fecha, al RIF. Estos programas se han dirigido, especialmente, a personas físicas con actividad empresarial con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales. Buscan captar a pequeños comercios como tiendas de abarrotes, molinos, restaurantes, cafeterías, peluquerías, taquerías, tintorerías, servicios de transportación de bienes y personas; o que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, como fue el caso del Repecos. Entre los beneficios del Repecos destaca una tasa única de 2.5% de impuestos sobre el total de ingresos y no presentar declaración anual, así como pagar y enterar los impuestos a los municipios o estados. En el RIF se integra un descuento paulatino año con año para el pago del ISR, iniciando con 100% en el primer año y descendiendo 10 puntos porcentuales anualmente hasta llegar a 0% en el décimo año, incluso la posibilidad de registrarse y registrar a trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Pese a las facilidades, los incentivos no han sido suficientes para derrocar a la informalidad y aumentar la base tributaria. “Pueden buscar crear uno o 10 programas para los informales, pero hay un error de concepto y de principio, lo peor que puede hacer un informal es darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), no lo harán voluntariamente. Hace 40 años funcionaba, aunque de manera incipiente, el sistema, porque el control de los informales ambulantes lo tenían los municipios con cuotas bimestrales, pero se abandonó; el control quedó en la federación, pero el SAT no tiene esa posibilidad de control”, explica Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda. En medio de la informalidad, se observa una lenta adhesión a estos programas a lo largo de su existencia. En 2013, cuando se terminó el Repecos, se contaban dos millones 363,000 contribuyentes en este programa. En 2021, el último año para poder inscribirse al RIF, se registraron dos millones 877,729; y en junio del año pasado, en el Resico, se reportaron tres millones de contribuyentes. Esto quiere decir que, apenas en 11 años, el número de estos registró 637,000 más, refieren los informes de Gestión del SAT y un reporte de la Prodecon. “Aquí la continuidad es importante, porque lanzas un programa como fue Repecos, el cual tuvo su alcance por tres sexenios, y llegado otro gobierno desapareció, tuvo un efecto, terminó el programa y se terminó la contribución. Fue sustituido por el RIF, que resultaba atractivo y abordaba más el ISR, incluso temas de seguridad social, IEPS e IVA”, explica Rolando Silva Briceño, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El cambio de Repecos al RIF, con la reforma fiscal de 2014, fue uno de los que más contratiempos representó para los contribuyentes, pues implementó la obligación de presentar declaraciones, facturas, comprobantes de pagos, contabilidad a través de internet y dar de alta un Buzón Tributario, en vez de acudir bimestralmente a pagar y enterar una cuota de 2.5% en el municipio. Para quienes vivían en zonas sin acceso a internet, se ofreció la opción de cumplir sus obligaciones por teléfono o seguir acudiendo a las oficinas del SAT, pero a las correspondientes, o de la entidad federativa. Este cambio implicó consecuencias económicas por gastos para computadora, servicio de internet, capacitación, además de los servicios de un contador público y abrir una cuenta bancaria. “La forma de gravar ha evolucionado y los sistemas fiscales se han hecho cada vez más complejos, lo cual genera efectos sociales y económicos importantes”, refiere el estudio ‘El Impacto de la implementación del RIF en los Contribuyentes Involucrados’, de Cinthia Espinosa y Antonieta Vera, de la Universidad Veracruzana. Las complicaciones y la falta de interés de los contribuyentes se refleja en una recaudación que apenas pinta. A lo largo de su vida, el RIF no ha generado más de 0.30% de la recaudación total de impuestos.