Propuesta de reforma judicial en Yucatán: Análisis de Huacho Díaz
El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ha anunciado su intención de revisar las reformas al Poder Judicial local que fueron aprobadas en el Congreso, destacando su preocupación por el proceso de designación de magistrados. Díaz Mena ha expresado su desacuerdo con el hecho de que los actuales magistrados sean los encargados de designar a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
En un esfuerzo por revertir esta situación, Huacho Díaz ha adelantado que buscará impulsar una iniciativa para que sea el gobernador en turno quien proponga las ternas para las magistraturas, en lugar de que sean los propios magistrados quienes tomen esta decisión. Este movimiento busca garantizar un proceso transparente y ético en la designación de autoridades judiciales en el estado.
La reforma judicial en Yucatán ha sido objeto de controversia desde su aprobación en marzo pasado, cuando se estableció que los magistrados sean designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en lugar de ser propuestos por el Poder Ejecutivo. Esta medida ha generado críticas y cuestionamientos sobre la independencia y la legitimidad del proceso de selección de magistrados.
En este sentido, Díaz Mena ha señalado la necesidad de revisar las reformas judiciales que se han implementado en la entidad, incluyendo aquellas realizadas durante la administración anterior. El gobernador electo ha manifestado su preocupación por la violación de la carrera judicial y el escalafón del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la designación de magistrados afiliados a partidos políticos.
En un mensaje claro, Díaz Mena ha enfatizado que su objetivo es promover un proceso de designación de magistrados basado en el mérito y la experiencia judicial, evitando cualquier tipo de influencia partidista en la selección de autoridades judiciales en Yucatán. Con su propuesta de reforma, el gobernador electo busca fortalecer la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en el estado, garantizando así la protección de los derechos y la justicia para todos los ciudadanos.
