México y Estados Unidos unen fuerzas contra el financiamiento al terrorismo
La reciente designación de México como un país que tiene que estar alerta al marco normativo que regula a las organizaciones terroristas en Estados Unidos ha generado un debate sobre las implicaciones y medidas que el país deberá adoptar para cumplir con esta designación.
Según expertos como Sandro García-Rojas Castillo, socio fundador de Lex Quo Group, esta designación no se refiere específicamente a México, sino a todas las organizaciones criminales, incluidos los cárteles, que operan en diferentes países de la región. Esto significa que México debe estar preparado para adaptar su sistema financiero a las regulaciones estadounidenses relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló la necesidad de fortalecer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y endurecer las sanciones en el Código Penal relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
En Estados Unidos, cualquier institución financiera vinculada con el país que tenga conocimiento de dinero relacionado con organizaciones terroristas debe embargar esos recursos y reportarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En México, las instituciones financieras pueden congelar actos ilícitos a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destacó el reto que representa para México abordar el combate al financiamiento al terrorismo, ya que se requieren medidas de control distintas a las utilizadas contra el lavado de dinero.
La designación de México en esta categoría de seguridad implica que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) supervisará todo lo relacionado con los cárteles y publicará listas de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, cuyos activos deben ser bloqueados o congelados.
En este escenario, se espera que México realice reformas en su marco jurídico y fortalezca su sistema financiero para cumplir con las regulaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que representa un nuevo desafío en el panorama de seguridad del país.
