México impugnará veredicto a favor de Odyssey Marine Exploration
El Gobierno Mexicano desaprueba fallo de tribunal internacional por caso de dragado marino en Baja California Sur
El pasado 17 de septiembre, un tribunal internacional administrado por el CIADI emitió un laudo en el que ordena al Gobierno de México pagar 37.1 millones de dólares más intereses a la tasa de bonos del Tesoro de México a un año, por negar el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur. Ante esta decisión, las dependencias mexicanas han expresado su desaprobación y anunciaron que iniciarán un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
El proyecto de dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego fue negado entre 2016 y 2018 por la Semarnat, lo que llevó a la empresa Odyssey Marine Exploration a iniciar un arbitraje internacional en contra de México en el marco del TLCAN. El Gobierno mexicano argumentó durante el proceso de arbitraje que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible habitado por especies como la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Además, se demostró que la empresa no contaba con la experiencia necesaria para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino.
A pesar de presentar evidencia que respaldaba la negación del proyecto por motivos ambientales y de falta de experiencia de la empresa, el tribunal internacional emitió un laudo a favor de Odyssey Marine Exploration. Las dependencias mexicanas señalaron que se le dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Semarnat presentados como testigos por parte de la empresa, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas. La defensa de México demostró que ambos testigos tenían conflictos de interés al recibir pagos por testificar, sin embargo, esta información no fue tomada en cuenta por la mayoría del tribunal.
Ante esta situación, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo y el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles. Se espera que este caso continúe generando controversia y debate en el ámbito político y ambiental mexicano.
