Elecciones 2024

Martí Batres expone trama del PAN y señala a diputado Döring como coordinador de campaña de Taboada

El escándalo político en la Ciudad de México continúa creciendo, esta vez con la denuncia del Gobierno capitalino hacia el diputado panista Federico Döring Casar por su presunta participación en la campaña del candidato de la coalición Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada. La ley es clara en este aspecto, prohibiendo a cualquier funcionario público colaborar directamente en procesos electorales, incluidos los del Congreso.

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha señalado la falta de coherencia por parte de la oposición al denunciar que varios servidores públicos pertenecientes a la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD se han involucrado directamente en la elección, incluso ocupando puestos operativos en la campaña de Santiago Taboada sin renunciar formalmente a sus cargos.

En respuesta a las medidas cautelares impuestas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Martí Batres Guadarrama ha retirado algunos videos de las redes sociales del Gobierno local y ha censurado fragmentos de conferencias pasadas para evitar dañar la democracia. Asegura que nunca ha llamado al voto y se mantendrá respetuoso del proceso electoral.

El Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, ha señalado que Federico Döring, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, no ha dejado su cargo y ya ostenta el título de coordinador de campaña, violando así la ley electoral que busca hacer respetar. A pesar de esto, el Gobierno capitalino no puede presentar una denuncia formal en su contra, pero los grupos políticos o la ciudadanía pueden hacerlo libremente.

Se espera que esta situación continúe generando controversia en el ámbito político de la Ciudad de México, con Batres Guadarrama adelantando que impugnará las medidas impuestas por el IECM para evitar la difusión de información que pueda atentar contra el Gobierno y la ciudadanía. El deber de informar a los gobernados se mantiene como prioridad, según lo expresado por las autoridades.

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