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Los 5 datos clave sobre el Paro de jueces y magistrados en el Poder Judicial

El Poder Judicial de la Federación se encuentra en medio de una crisis debido al paro de labores anunciado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). Este paro, que iniciará el próximo 21 de agosto, afectará las actividades jurisdiccionales en todos los Juzgados y Tribunales Federales del país.

La suspensión de actividades en el Poder Judicial tendrá un impacto directo en los ciudadanos, ya que los juicios en materia civil, penal, agraria y laboral se verán afectados. A pesar de esto, se asegura que los casos prioritarios, como los penales o aquellos que involucren la libertad o la vida de una persona, seguirán siendo atendidos.

Se estima que los jueces federales resuelven alrededor de 8,700 casos al día, por lo que el paro en el Poder Judicial generará un importante retraso en la resolución de casos. Este rezago ya se había visto agravado por la pandemia de Covid-19 que limitó el funcionamiento de los juzgados durante el último año.

La razón detrás de este paro en el Poder Judicial se encuentra en la oposición de la Jufed a la Reforma Judicial propuesta por el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que será debatida próximamente por los legisladores, busca modificar la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para frenar el paro en el Poder Judicial, los trabajadores exigen que se deseche por completo la Reforma Judicial. Consideran que los ajustes propuestos son inviables y no están dispuestos a negociar cambios parciales. La situación se torna cada vez más tensa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con consecuencias directas en la impartición de justicia en el país.

Se espera que en los próximos días se intensifique el debate y la negociación entre ambas partes para encontrar una solución que permita restablecer las actividades en el Poder Judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos mexicanos.

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