La revictimización en los casos de feminicidio en México: Impacto y consecuencias según Paola Bañuelos
El feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven encontrada sin vida en Mexicali, Baja California, ha generado preguntas y cuestionamientos sobre la responsabilidad de las víctimas en situaciones de violencia de género. En entrevista para El Heraldo de México, Ana Yeli Pérez Garrido, defensora de Derechos Humanos y abogada feminista, explicó el concepto de revictimización y sus impactos en las víctimas y sus familias.
La revictimización, presente en casos de feminicidio, se refiere al mal tratamiento por parte de las autoridades, la dilación en los procesos de investigación y las frases que culpan a las víctimas y sus familias. Estas prácticas agudizan el sufrimiento de las familias y generan daños psicológicos, físicos, económicos y desgastes adicionales.
En este contexto, las autoridades tienen la obligación de impartir justicia para las víctimas, pero también de brindar atención adecuada a sus familias. La reparación de daños debe ser independiente a la detención de los responsables, y las autoridades deben ofrecer medidas de asistencia y protección, así como canalizar a los familiares a servicios de salud física y emocional.
Por otro lado, la sociedad también juega un papel en la revictimización al cuestionar a las víctimas por sus actividades, horarios o forma de vestir. Estos juicios pueden ser replicados por las autoridades, lo que evidencia la necesidad de un cambio cultural profundo en la prevención de la violencia de género.
En cuanto a la prevención, el Estado mexicano enfrenta desafíos en eliminar las prácticas discriminatorias de género arraigadas en la sociedad. La violencia feminicida es solo la punta del iceberg, siendo la discriminación estructural la base que sostiene esta violencia extrema.
Ante la revictimización, las víctimas y sus familias pueden acudir a instancias superiores u órganos como las Comisiones de Derechos Humanos para denunciar y pedir ayuda. Es fundamental que las autoridades respeten las garantías de las personas implicadas y cumplan con el principio de no revictimización en casos de violencia de género.
