La incertidumbre económica en México: el desafío de Claudia Sheinbaum
La presidenta electa Claudia Sheinbaum se encuentra en el centro de la controversia política en México, luego de su victoria contundente en las elecciones de junio. Su triunfo no solo la convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país, sino que también otorgó a su partido, el oficialismo de izquierda, la mayoría calificada en el Congreso bicameral.
Esta mayoría le otorga a Sheinbaum la capacidad de modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición, lo cual ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Su primera acción legislativa fue una drástica reforma judicial que estableció la elección popular de todos los jueces, una medida sin precedentes que ha levantado críticas y cuestionamientos por parte de los mercados.
Esta reforma ha incomodado especialmente a Estados Unidos, principal socio comercial de México a través del T-MEC, el acuerdo de libre comercio de América del Norte. El embajador estadounidense Ken Salazar ha expresado su preocupación por la afectación que estas medidas puedan tener en la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano.
Además, Sheinbaum ha enfrentado una riña diplomática con España, segundo mayor inversor extranjero en México, luego de que el gobierno español decidiera boicotear su toma de protesta al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Esta situación ha generado tensiones en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Analistas económicos han advertido que las reformas impulsadas por Sheinbaum podrían tener un impacto negativo en la economía mexicana, reflejado en la caída del 13% de la moneda nacional tras las elecciones. Estos cambios constitucionales representan un nuevo desafío para el país, similar al shock causado por la cancelación del aeropuerto en el inicio del mandato de López Obrador en 2018.
Expertos han señalado que las reformas judiciales de Sheinbaum podrían entrar en conflicto con las normativas del T-MEC, que exigen un sistema judicial imparcial e independiente. Esta situación plantea un desafío adicional para la nueva administración, que deberá buscar un equilibrio entre sus objetivos políticos y las obligaciones internacionales del país.
