IECM impone medidas cautelares a morenistas por difamación contra Taboada
La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha tomado una decisión importante al aprobar, con dos votos a favor y uno en contra, la emisión de medidas cautelares contra funcionarios de gobierno capitalino, militantes y candidatos de Morena. Estas medidas se basan en presuntas conductas de calumnia y campaña negativa, especialmente en relación con el candidato de PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada.
El PAN presentó dos quejas contra actores morenistas que han vinculado a Taboada con el denominado “Cártel Inmobiliario”, llegando incluso a llamarlo “Santiago Tajada” o “Taboadagate”. Estas acusaciones han sido motivo de controversia y han llevado a la Comisión del IECM a actuar con medidas cautelares.
Entre los implicados en estas medidas se encuentran figuras prominentes como Ernestina Godoy, Citlali Hernández, César Cravioto, Víctor Varela, Fadlala Akabani, Leticia Varela, Pablo Hernández, Dunia Ludlow, Mario Delgado, Sebastián Ramírez y Tomás Pliego. Todos ellos deberán abstenerse de realizar publicaciones calumniosas contra Santiago Taboada y borrar cierto contenido de sus redes sociales en un plazo determinado.
El proceso de votación en el IECM estuvo dividido, con dos consejeros electorales a favor de las medidas y uno en contra. Ernesto Ramos Mega argumentó que la queja debió ser presentada por la persona afectada, es decir, Taboada, y no por el partido político que lo postula. Por otro lado, Mauricio Huesca dejó claro que no se busca censurar a nadie, pero se debe tener en cuenta la presunción de inocencia de Taboada en este caso.
Es relevante mencionar que las medidas también se consideraron para Clara Brugada, candidata de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, pero fueron descartadas debido a que las publicaciones en cuestión se hicieron en el marco del debate chilango.
En definitiva, estas medidas cautelares buscan mantener un ambiente de respeto y veracidad en la campaña electoral, evitando la difamación y la desinformación. Es crucial que los actores políticos actúen con responsabilidad y apego a la legalidad en todo momento.