El sombrío panorama de México en su historia constitucional
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado al Senado de la República corregir errores en la lista de 4,224 candidatos para la elección del Poder Judicial, programada para el 1 de junio de 2025. Tras detectar vacíos de información, el INE ha otorgado un plazo de 48 horas a la Cámara Alta para subsanar dichos errores.
Los aspirantes, seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, competirán por cargos clave como ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF. El INE ha destacado la importancia de contar con datos completos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.
Diego Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha expresado su profunda preocupación por las irregularidades que han marcado el proceso de elección de jueces y magistrados en México.
En una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, Diego Valdés calificó la situación como un reflejo de un “postconstitucionalismo”, término que describe un período en el que se aparenta cumplir con la Constitución, pero en realidad se desvirtúa su aplicación.
El académico ha señalado que las violaciones incluyen la decisión del Senado de asumir facultades exclusivas de la Suprema Corte de Justicia, y el incumplimiento de plazos establecidos en la Constitución para la entrega de listas de candidatos al INE.
Valdés ha advertido que las deficiencias del proceso comprometen la legitimidad de quienes resulten electos, lo que los hace vulnerables a presiones indebidas de grupos delincuenciales, intereses económicos y políticos.
El investigador ha descrito el panorama como el “más oscuro” en la historia constitucional de México y ha alertado sobre una crisis institucional sin precedentes si no se toman medidas correctivas urgentes.
En este contexto, Valdés ha sugerido la postergación de las elecciones como una posible solución para garantizar un proceso apegado a la Constitución. Sin embargo, lamenta que las autoridades no parecen dispuestas a tomar esta decisión.
Finalmente, el académico ha subrayado que la actual crisis institucional afectará no solo a los ciudadanos, sino también a las autoridades federales y locales, quienes sufrirán las consecuencias del debilitamiento del sistema de justicia en México.
