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El 82% del presupuesto de 2025 destinado a gastos obligatorios: ¿Qué significa para México?

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año ha generado controversia debido al incremento en gastos que reducen el margen para conceptos más redituables, como el presupuesto de inversión. Este último, crucial para detonar y atraer la inversión privada, se ha visto disminuido en comparación con el monto autorizado para este año.

Según Mariana Campos, directora general de México Evalúa, el Paquete Económico 2025 refleja más bien un plan de sobrevivencia para el gobierno, sin apuestas claras por el crecimiento económico, la salud, la seguridad o la reducción de la desigualdad. En este sentido, acciones como fortalecer la autonomía fiscal de las entidades, establecer un marco fiscal a mediano plazo y transparentar el destino de la deuda podrían contribuir a reducir estos gastos obligatorios y evitar recortes discrecionales.

El gasto de inversión física, en proporción al PIB, representará el 2.3%, el más bajo en más de una década, lo que limita la generación de ingresos futuros, el desarrollo económico y la atracción de inversiones. Este escenario, sumado a la presión por reducir el déficit y otros gastos crecientes obligatorios, ha llevado a recortes en rubros como la infraestructura carretera, hídrica y de combustibles.

El Decreto aprobado por los diputados para el próximo año no contempla recursos para erogaciones plurianuales en infraestructura ni nuevos proyectos por Asociaciones Público Privadas. Además, a pesar del aumento en el presupuesto del IMSS-Bienestar, se evidencian recortes significativos en la Secretaría de Salud y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, lo que impactará negativamente en el acceso a la salud de las personas sin seguridad social.

En resumen, el Presupuesto de Egresos 2025 plantea desafíos importantes en términos de inversión, salud y desarrollo económico. Es fundamental implementar acciones que permitan reducir gastos, aumentar los ingresos y evitar recortes discrecionales para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo en México.

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