Disculpa pública del Gobierno de Chihuahua por mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, encabezó un importante acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en nombre del Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre los años 1995 y 2003.
Este acto se llevó a cabo en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso 13.377 Silvia Elena Rivera Morales y Otras, referente a niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez.
En sus palabras, el subsecretario Medina Padilla expresó: “Como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias. Ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias”.
Durante el memorial ‘Víctimas de Feminicidio’, realizado en el campo algodonero de Ciudad Juárez, el funcionario destacó que se permitió la impunidad y reconoció que este lugar simboliza una lucha constante por la justicia. Se hizo hincapié en que durante décadas, el Estado falló en proteger la vida, integridad personal, libertad, personalidad jurídica, garantías judiciales, honra, igualdad y protección judicial de las víctimas. Asimismo, se vulneraron los derechos humanos de sus familias, quienes han luchado incansablemente por justicia.
Medina Padilla extendió la disculpa pública a las madres y familiares de las víctimas, entre ellas: Julia Caldera Chávez, Paula Flores Bonilla, Irma Pérez Franco, Juana Rodríguez Bermúdez, María de la Soledad Aguilar Peralta, Nidia Lee, Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos.
Este acto representa un paso importante en el camino hacia la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, así como un compromiso por parte del Estado mexicano para garantizar que hechos tan lamentables como los ocurridos en Ciudad Juárez no se repitan.
