América Latina puede hacer más para enfrentar la crisis climática: El desafío de México
El informe “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024” destaca la importancia de las herramientas de gestión pública para abordar los desafíos de la transición ecológica en la región. En este sentido, se resalta la necesidad de promover la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental a través de la contratación pública.
Según el estudio, solo 9 de los 19 países analizados en la región cuentan con una estrategia para la contratación pública verde, que prioriza a empresas que cumplen con criterios de sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, todos los países encuestados tienen marcos normativos de contratación pública que incluyen al menos un objetivo social, siendo el medioambiente el más común (89%).
Además, el informe subraya la importancia de integrar consideraciones climáticas en las decisiones sobre impuestos y gasto público. De los 12 países de América Latina y el Caribe encuestados al respecto, solo 5 -Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana- utilizan esta estrategia, en contraste con el 67% de los países de la OCDE.
Es relevante destacar que tres de estos países (Chile, Colombia y México) son miembros de la OCDE, organización compuesta por 38 países con sistemas democráticos y economías avanzadas. Además de las estrategias para abordar la crisis climática, la OCDE y el BID resaltaron la importancia de la confianza de los ciudadanos en la gobernanza.
En 2022, el 36,3% de la población de 16 países de América Latina y el Caribe confiaba en el gobierno central, en comparación con el 47,5% en los países de la OCDE. A pesar de la consolidación de las democracias en la región, la confianza ha disminuido desde la crisis económica de 2008, cuando alcanzaba el 43%.
Además, la percepción de la corrupción sigue siendo elevada en la región. Según la Encuesta Mundial Gallup (EMG) citada en el informe, el 75,5% de los ciudadanos encuestados en 2023 en América Latina y el Caribe considera que la corrupción está generalizada en sus gobiernos, en contraste con el promedio del 53,6% en los países de la OCDE.
En conclusión, el informe destaca la necesidad de fortalecer las políticas de contratación pública verde, integrar consideraciones climáticas en las decisiones fiscales y promover la confianza de los ciudadanos en la gobernanza para enfrentar los desafíos ambientales y de corrupción en América Latina y el Caribe.
