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Alerta en el sector automotriz mexicano por la prohibición de tecnología china en Estados Unidos

La propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos de imponer restricciones a los vehículos, programas informáticos y componentes chinos ha generado preocupación en la industria automotriz mexicana. Según expertos económicos, estas medidas podrían tener un impacto negativo en la economía, ya que podrían generar barreras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro, aumentos en los costos de producción y una posible reducción en el empleo directo e indirecto.

Grupos de fabricantes de automóviles y tecnología han solicitado al Gobierno de Estados Unidos cambios y más tiempo antes de que la norma entre en vigor. La propuesta, que implicaría prohibir la importación de automóviles de marca china, incluso si se ensamblan en México, ha sido duramente criticada por la industria mexicana.

La administración Biden ya había impuesto fuertes subidas arancelarias a las importaciones chinas en septiembre, lo que incluyó un arancel del 100% a los vehículos eléctricos y aumentos en las baterías y minerales clave. México ha expresado su preocupación de que estas medidas podrían violar las normas de libre comercio de América del Norte y aumentar los costos de producción al tener que cambiar proveedores de autopartes y componentes dentro de la cadena de suministro pre-planificada de la industria automotriz.

La propuesta del Departamento de Comercio incluiría prohibiciones de software en los modelos a partir de 2027, mientras que el veto al hardware entraría en vigor en 2030 o en enero de 2029. La Alliance for Automotive Innovation, que representa a importantes fabricantes como General Motors, Toyota, Volkswagen y Hyundai, ha solicitado al menos un año adicional para cumplir con los requisitos del hardware.

La Consumer Technology Association, así como Honda Motor, han pedido que los plazos se amplíen dos años más para poder llevar a cabo pruebas cruciales, validaciones y actualizaciones necesarias. Se espera que el Departamento de Comercio finalice la propuesta antes del 20 de enero, la cual afectaría a todos los vehículos de carretera, excluyendo los vehículos agrícolas o mineros que no se utilicen en vías públicas, así como los drones y trenes.

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