La oposición se retira de impugnar la elección presidencial: un paso hacia la reconciliación en México
La alianza PAN, PRI y PRD desiste de pedir nulidad de la elección presidencial y presenta juicio contra intervención de AMLO y crimen organizado
La alianza conformada por los partidos PAN, PRI y PRD decidió este jueves 13 de junio no presentar un juicio de inconformidad para solicitar la anulación de la elección presidencial en México. En cambio, optaron por presentar un juicio para la protección de los derechos del ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denunciando la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado en las elecciones federales.
Representantes del PAN y PRD, Víctor Hugo Sondón y Ángel Ávila respectivamente, acudieron al INE para presentar el juicio de inconformidad debido a la continua participación del presidente en el proceso electoral. Según Sondón, López Obrador vulneró la equidad del proceso electoral al hacer comentarios a favor de ciertos candidatos y en contra de otros, además de la presunta participación del crimen organizado en la imposición de candidaturas en diversas partes del país.
El representante del PAN señaló que también se denuncia la participación de estructuras de gobierno a través de los siervos de la nación. Sin embargo, aclaró que este juicio no busca la nulidad de la elección, sino más bien pretende que la autoridad y el tribunal electoral se pronuncien sobre la intervención del presidente en el proceso electoral.
Por su parte, el representante del PRD afirmó que nunca hubo una competencia justa en el proceso electoral federal y solicitó a los consejeros del INE que actuaran como árbitros electorales para garantizar la equidad en la contienda.
En conclusión, la alianza PAN, PRI y PRD continúa denunciando las irregularidades en el proceso electoral y busca que se reconozca la intervención del presidente y del crimen organizado en las elecciones federales, sin buscar la anulación de la elección presidencial, sino simplemente la protección de los derechos del ciudadano y la transparencia en el proceso electoral mexicano.