INE solicita más de 8 mil informes a autoridades sobre candidatos
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado un total de 8 mil 500 informes a diversas instancias sobre movimientos de dinero y bancarios de políticos, candidatos y partidos políticos. Esta información fue presentada en la sesión del Consejo General por el consejero Jorge Montaño Ventura, quien expuso el Informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite.
En cuanto a las solicitudes de información, se detalló que se han realizado 246 solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 964 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 7 mil 296 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es importante destacar que durante la etapa de campaña se ha observado un incremento en las solicitudes, con 14 a la UIF, 193 al SAT y 3 mil 363 a la CNBV en tan solo cinco meses.
Sin embargo, la consejera Carla Humphrey señaló que existe una dilación por parte de estas instancias en la entrega de la información solicitada en materia de fiscalización. Ante esta situación, hizo un llamado para que cumplan con los convenios y la ley en la entrega de información, ya que en ocasiones tardan hasta 81 días en proporcionar los informes.
Además, se informó que hay un total de mil 60 quejas que están siendo sustanciadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, de las cuales 129 están relacionadas con los informes anuales de los partidos políticos. En este proceso electoral, se ha observado un aumento significativo en las quejas, con un promedio de 30 quejas recibidas diariamente.
Destacando la importancia de la fiscalización en este proceso electoral, se informó que se han aplicado sanciones por un total de 50 millones de pesos en contra de partidos políticos por temas relacionados con la fiscalización. Es fundamental que se garantice la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito político para asegurar la legitimidad de los procesos electorales en México.
