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El Senado avanza en ruta crítica para avalar reformas a pesar de la ausencia de legisladores

El Senado enfrenta una ruta crítica para la aprobación de reformas y nombramientos pendientes, sin embargo, se ha registrado una falta de asistencia de senadores a los trabajos en comisiones.

Después del reciente puente vacacional, al periodo ordinario de sesiones le restan 10 sesiones ordinarias para desahogar casi 100 nombramientos pendientes de magistrados electorales y agrarios, así como tres consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A pesar de que algunos de los nombramientos fueron procesados en comisiones, la falta de acuerdos entre las bancadas ha impedido su avance al Pleno.

Entre los pendientes se encuentra la resolución de las ternas para ocupar dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales fueron dictaminadas en comisiones desde octubre de 2023, pero aún no han recibido la aprobación de las distintas bancadas. Estas vacantes son de vital importancia en esta etapa electoral, ya que la Sala Superior será la encargada de calificar las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Además, se encuentra pendiente el nombramiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal, luego de que concluyera el periodo de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Incluso Morena no logró llegar a un acuerdo al interior de su grupo parlamentario para llevar al Pleno del Senado los dictámenes en estos dos casos.

Por otro lado, la mayoría de los nombramientos faltantes corresponden a magistrados de justicia administrativa, con 70 lugares vacantes, seguidos de 42 magistrados estatales y cinco magistrados de salas regionales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, ha admitido la ausencia de senadores tanto en comisiones como en sesiones ordinarias.

En conclusión, es necesario que los senadores asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de revisar y aprobar los nombramientos pendientes, garantizando así el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales en México.

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