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Pemex: Actuando a tiempo para prevenir un desastre

El gobierno federal mexicano se encuentra considerando la posibilidad de adquirir una terminal defectuosa en Tuxpan, Veracruz, propiedad de la multinacional KKR, conocida como Servitux. Esta terminal fue clausurada en 2021 debido a deficiencias en su instalación, presentando riesgos tanto en términos de seguridad como de impacto ambiental.

Desde 2018, la Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT) en Veracruz ha estado a cargo de Servicios y Terminales de Tuxpan S.A. de C.V., una entidad constituida por dos empresas: SSA México y SSA México Holdings. Durante los años 2018 y 2019, esta entidad revocó y nombró nuevos apoderados, siendo uno de ellos Luis Téllez, quien ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Felipe Calderón.

En mayo de 2018, se otorgó a Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. el permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos, lo que llevó a la habilitación de la Terminal Servitux en 2019 con la participación de otra empresa, Monterra Energy, con sede en Texas. Esta empresa fue creada gracias a una inversión subsidiada por la multinacional estadounidense Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), de la cual Téllez se convirtió en consejero en 2014, el mismo año en que se creó Monterra Energy.

La participación de Téllez en este proyecto plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias, especialmente considerando su papel como miembro del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo en ese momento.

Además de las cuestiones éticas, la terminal presenta deficiencias graves en términos de seguridad y medio ambiente. Evidencia fotográfica muestra que los tanques de almacenamiento han sido instalados de manera incorrecta y están mal nivelados. A pesar de estas deficiencias, la terminal estuvo en funcionamiento durante varios meses hasta que fue clausurada en mayo de 2021, lo que incluso llevó al gobernador de Texas, Greg Abbot, a escribir una carta al presidente de Estados Unidos para solicitar su intervención.

En enero de 2022, Monterra Energy denunció al gobierno mexicano alegando daños potenciales por un monto de 667 millones de dólares. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, Pemex contactó a KKR para buscar la adquisición de la terminal Servitux a un costo mucho menor, de 327 millones de dólares.

La adquisición de una terminal defectuosa como esta representaría no solo un riesgo económico, sino también en términos de seguridad y medio ambiente. ¿Cuál sería la justificación para gastar dinero de los contribuyentes mexicanos en la compra de un peligro potencial?

En resumen, la posible adquisición por parte del gobierno mexicano de la terminal defectuosa en Tuxpan, Veracruz plantea serias preocupaciones en términos de integridad, seguridad y medio ambiente. Es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos asociados antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias financieras y ambientales desastrosas.

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