Ahorro de 86 millones de pesos con la reforma a órganos autónomos
La desaparición de organismos autónomos en México ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico del país. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el ajuste estimado por el CEFP no representa un gran ahorro en comparación con el presupuesto público total o con lo destinado a los propios organismos.
José Luis Clavelina, director de Investigación del CIEP, señaló que la eliminación de plazas de comisionados de instituciones como el IFT, el INAI, la CRE, Cofece o la CNH, generaría un ahorro de 84 millones de pesos al año, una cifra considerada insuficiente para justificar la desaparición de estos entes.
La iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica, aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que los comisionados en funciones deberán concluir sus labores con la nueva legislación. Además, se busca integrar las tareas de estos organismos a instituciones federales, como el caso del Coneval que se integraría al Inegi.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2024, el presupuesto asignado a estas siete instituciones asciende a 5,042 millones de pesos, representando un 0.055% del gasto total de la administración pública. Sin embargo, expertos como Diego Díaz, del IMCO, advierten que la extinción de estos entes no garantiza ahorros significativos, ya que las dependencias restantes podrían requerir ajustes presupuestarios para cumplir con sus funciones.
Las economías y ahorros generados con la desaparición de estos organismos se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, la incertidumbre y volatilidad que rodea estas reformas podría tener repercusiones en la estabilidad financiera del país, incluyendo un posible aumento en la deuda pública exterior.
En conclusión, la desaparición de los organismos autónomos plantea interrogantes sobre su impacto en la atracción de inversiones y el bienestar de la población. Expertos coinciden en que los presuntos ahorros no justifican la eliminación de entidades que desempeñan funciones fundamentales para la sociedad mexicana, desde la regulación energética hasta el acceso a la información. La discusión sobre la eficacia y el costo de estas reformas sigue siendo un tema de relevancia en la agenda política del país.
