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La reforma judicial: un riesgo para las inversiones, la economía y el T-MEC en México

La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado controversia y preocupación en el ámbito político y económico de México. La decisión de destituir íntegramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llevar a cabo la elección de nuevos ministros en las urnas el próximo año ha despertado críticas y advertencias de diversos sectores.

Según un reporte de Morgan Stanley, la propuesta de reforma judicial ha llevado a la calificación de México a UW, lo que podría aumentar las primas de riesgo y limitar el gasto de capital en el país. Expertos de México Evalúa han señalado que esta medida podría provocar atrasos en la resolución de juicios y permitir que personas sin experiencia o conocimiento determinen resoluciones en áreas sensibles como energía y telecomunicaciones.

En cuanto al impacto económico, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, ha alertado sobre las posibles afectaciones a la generación de empleo, el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras. La aprobación de la reforma podría detener o ralentizar los juicios, lo que a su vez afectaría el crecimiento de la economía. Según datos del Banco de México, una reducción de 100 días en la resolución de juicios mercantiles ha llevado a un crecimiento promedio del 0.6% en las economías locales.

Mariana Campos, directora de México Evalúa, ha destacado la importancia de la independencia judicial para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y ha advertido que la disminución en nuevas inversiones podría afectar la oportunidad de relocalización en el país. La falta de resolución de contratos y la intervención excesiva del gobierno en la actividad económica podrían poner en riesgo la condición de economía de mercado de México, lo que afectaría directamente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta de reforma judicial también afecta directamente a varios capítulos del T-MEC, como el relacionado con la inversión equitativa, las políticas laborales y anticorrupción. La falta de independencia judicial y la insuficiencia de los requisitos para ser juez podrían poner en peligro la adecuada aplicación de estos capítulos y generar conflictos con los socios comerciales del país.

En resumen, la propuesta de reforma judicial de López Obrador ha generado preocupación en diversos sectores debido a sus posibles repercusiones en la economía, la inversión extranjera y el cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC. Se espera que este tema continúe siendo objeto de debate y análisis en los próximos meses.

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