Los delitos detrás del lavado de dinero: una mirada a su funcionamiento en México
El lavado de dinero es una práctica ilegal que afecta directamente a la economía nacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado tres etapas clave en este proceso: colocación, estratificación e integración.
En la etapa de colocación, el dinero ilícito se introduce en el sistema financiero a través de pequeñas cantidades o transacciones fragmentadas, como depósitos bancarios en efectivo o inversiones en instrumentos financieros. La estratificación implica desplazar el dinero a través de transacciones complejas para dificultar su rastreo, como transferencias entre cuentas o compras de bienes raíces. Finalmente, en la etapa de integración, el dinero lavado se reintegra en la economía formal, aparentando ser legítimo a través de inversiones o compras de activos.
En México, existen leyes específicas para combatir el lavado de dinero. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Esta ley tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Las instituciones sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo incluyen órganos supervisores como la CNBV, la CNSF y la CONSAR, así como bancos, sociedades financieras, casas y centros de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple y agentes de seguros y de fianzas.
Es fundamental que se refuercen las medidas de prevención y combate al lavado de dinero en México para proteger nuestra economía y garantizar un sistema financiero transparente y seguro para todos los ciudadanos.
