El impacto económico de los trabajadores indocumentados en EU: casi 100,000 millones de dólares en impuestos pagados
En 2022, este sector fundamental para el funcionamiento de muchos servicios básicos aportó 59,400 millones a las arcas federales y 37,300 millones a las estatales y locales, según el estudio publicado el martes.
Se estima que unos 11 millones de trabajadores indocumentados viven en Estados Unidos, muchos desde hace décadas. La mayoría proceden del continente americano y un poco más de 4 de cada 10 son de México. Casi una cuarta parte vienen de Asia, África, Europa y de las Islas del Pacífico.
La tasa de participación en la fuerza laboral es más alta en inmigrantes indocumentados que en la población nativa. Aunque solo son el 3.4% de la población total, los inmigrantes constituyen el 4.7% de la fuerza de trabajo, según el estudio.
Los autores del informe calculan que si tuvieran permisos de trabajo, su contribución fiscal se elevaría a 136,900 millones anuales.
“La conclusión es que, independientemente de la situación migratoria, todos contribuimos pagando nuestros impuestos”, dice en un comunicado Marco Guzmán, coautor del estudio y analista político principal del ITEP, una organización sin fines de lucro.
Y todo son beneficios para las administraciones. Más de un tercio de lo que pagan se dedica a financiar el sistema de pensiones (Seguridad Social) y el sistema médico público (Medicare) de los cuales los trabajadores sin papeles están excluidos.
Tampoco pueden acceder a beneficios que tienen otros contribuyentes regulares, como ventajas fiscales por hijos a cargo o por bajos ingresos.
Seis estados -California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey- recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en concepto de impuestos de los inmigrantes indocumentados.
En 40 estados, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos estatales y locales más altos que el 1% de las familias, según el estudio.
La mayoría (46%) son impuestos procedentes de las ventas y consumos específicos, el 31% corresponde a impuestos sobre bienes inmuebles y el 21% sobre la renta de las personas físicas o de las empresas.
Los trabajadores no tienen un número de Seguridad Social, imprescindible para trabajar legalmente en el país, pero tienen un número de identificación fiscal (ITIN) que les permite no sólo pagar impuestos sino comprarse una casa o un auto.
“Este estudio es otro recordatorio de que los inmigrantes indocumentados contribuyen a nuestras economías y a nuestros servicios públicos compartidos, y de que las decisiones políticas en materia de inmigración que se tomen en los próximos años tendrán consecuencias significativas para los ingresos públicos”, concluye el informe.
