Construyendo la justicia mexicana: el fin del Poder Judicial neoliberal

La Ministra Lenia Batres Guadarrama entregó su informe de actividades con motivo del cierre de la 11ª época donde destacó que impulsó la reforma al Poder Judicial debido a que aseguró que era un poder “ciego ante la injusticia social”.

“Denunciamos el altísimo presupuesto sin resultados en mayor justicia para la sociedad y sin rendición de cuentas; el abuso en las remuneraciones y privilegios inconstitucionales”, se lee en el escrito.

Destacó que participó en la primera elección judicial y que recorrió las 32 entidades “había tres grandes prioridades para el nuevo Poder Judicial: justicia social, acceso a la justicia y combate a la corrupción y austeridad”.

“Nuestro pueblo merece una nueva era del Poder Judicial con acceso a la justicia, con austeridad y sin corrupción”, sostuvo Lenia Batres.

Informe de Actividades de la Ministra Lenia Batres Guadarrama

Con motivo del cierre de la 11ª época

Trabajo jurisdiccional

En los últimos años, vivimos la crisis del Poder Judicial que ahora se va, un Poder Judicial comprometido con un proyecto desnacionalizante, faccioso, elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismo, tráfico de influencias. Un Poder Judicial incapaz de visualizar los retos que un México en intenso proceso de transformación reclamaba.

Este Poder Judicial, el de la era neoliberal, avaló el anatocismo durante la crisis económica más brutal que hayamos vivido las y los mexicanos; aprobó la destrucción del sistema solidario de pensiones; avaló una tras otra las privatizaciones de las empresas públicas, de los bienes nacionales, de la propiedad social; validó los grandes fraudes electorales que retrasaron el proceso de democratización en México; aceptó los montajes durante la guerra contra las drogas; permitió el incremento de los salarios mínimos por debajo de la inflación eternizando la pobreza de millones de personas; encubrió a los responsables del crimen más espantoso contra niñas y niños víctimas de la privatización de la seguridad social, el de la Guardería ABC; liberó a los grandes capos y descongeló sus cuentas bancarias; otorgó condonaciones millonarias a quienes deberían haber contribuido en mayor medida con el gasto público.

Esta oscura etapa de la historia hizo necesaria desde hace mucho una reforma al Poder Judicial. En los últimos años se descompuso estrepitosamente y fue más aún más evidente, urgente, aprobar esa reforma.

Es en este contexto que presento ante ustedes el cuarto y último informe de actividades como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 11a. Época, en la que he cumplido un año y ocho meses, los cuales he dedicado a acatar en cada uno de mis proyectos, resoluciones y votos el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Constitución que en 1917 recogió el anhelo de justicia social del pueblo mexicano, y durante tres décadas fue sometida a los intereses rapaces de los depredadores neoliberales.

En los últimos años nuestro país ha ido recuperando el espíritu de esa Constitución con el reconocimiento de derechos que, hay que decirlo muy alto, han sacado de la pobreza ya a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, lo que, por supuesto, festejamos intensamente.

Ingresé a esta Corte, acompañando, impulsando el proceso de la reforma al Poder Judicial. Primero, explicando su contenido y el estado en el que encontramos al Poder Judicial. Recorrí las 32 entidades federativas llevando ese diagnóstico que fuimos formulando desde este espacio privilegiado para observar su cruda realidad.

Denunciamos el altísimo presupuesto sin resultados en mayor justicia para la sociedad y sin rendición de cuentas; el abuso en las remuneraciones y privilegios inconstitucionales; la privatización de los remanentes presupuestales en fideicomisos; el clasismo, racismo y machismo en el funcionamiento permanente del Poder Judicial; el nepotismo, tráfico de influencias y franca corrupción de las personas juzgadoras; las extralimitaciones en el ejercicio de facultades del Poder judicial, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Volví a recorrer las 32 entidades federativas durante los 60 días de campaña para someter la continuación de mi encargo al voto popular. Expresé que, desde mi punto de vista, había tres grandes prioridades para el nuevo Poder Judicial: justicia social, acceso a la justicia y combate a la corrupción y austeridad.

Amigos, amigas:

Esta semana, enterramos a este ominoso Poder Judicial. Por eso, es importante comunicar, informar las últimas acciones que nos ha correspondido empujar, combatir o simplemente atestiguar.

De enero de 2024 a agosto de 2025, voté 2,734 asuntos tanto en la Segunda Sala como en el Pleno de la Suprema Corte: 2,397 con voto a favor y 337 en contra.

De los 812 asuntos que me fueron asignados en estos 20 meses para proponer un proyecto de sentencia, resolví 644 en forma definitiva, que fueron votados en Pleno o en Sala, remitidos a tribunales colegiados o returnados.

(Por cierto, fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron en la Segunda Sala.)

Pleno

En 165 sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Corte, estudié y voté 466 asuntos, presenté 61 votos (38 concurrentes y 23 particulares).

Segunda Sala

En la Segunda Sala, órgano de la Corte especializado en derecho administrativo, fiscal, laboral, agrario y de seguridad social, voté 2,268 asuntos en 59 sesiones, en las que presenté 38 votos (11 particulares y 27 concurrentes).

De los 644 asuntos que resolví, 599 fueron resueltos en la Segunda Sala: 505 en sesión, 56 por dictamen y 38 fueron returnados.

De esos mismos 644 asuntos mencionados, 45 fueron resueltos en Pleno: 20 desechados y 25 con sentencia.

Cabe señalar que quedaron pendientes de votación 34 asuntos en la Segunda Sala más 33 en el Pleno de la Corte. En ambos casos, se entregaron ya los proyectos de sentencia correspondientes a las y los nuevos ministros de la Corte, que votarán en los primeros días de septiembre próximo.

Casos destacados

Entre las sentencias más significativas formuladas por la suscrita en estos 20 meses de labores, destacan las siguientes:

– El reconocimiento del derecho de un médico militar a estudiar la especialidad en psiquiatría a pesar de tener VIH, pues esa condición no implicaba un obstáculo para realizar sus funciones.
– La confirmación de una multa por 108 millones 629,000 pesos impuesta a una empresa (y dos de sus exdirectivos) dedicada a análisis clínicos, por incurrir en prácticas monopólicas para vender a precios inflados sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social.
– La limitación a una sola ocasión, de la solicitud de devolución de impuestos a la autoridad fiscal cuando una empresa afirma contar con un saldo a favor, lo que limita la apertura de procesos de impugnación.
– El reconocimiento de validez de la Ley General sobre Control de Tabaco impugnada por casinos, con la aceptación de la preeminencia del derecho a la salud por encima de la libertad de comercio.
– El reconocimiento del derecho de concubinas y concubinos a recibir pensión de viudez en caso de coexistencia, superando el criterio de las leyes del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM, que lo rechazan expresamente.
– El otorgamiento de licencia laboral, de manera alternada, a padres y madres de hijos con enfermedades graves, que ameriten hospitalización o cuidados paliativos, antes restringida a uno solo de los dos padres y únicamente para el cuidado de hijos con cáncer.
– El rechazo de la pretensión de un exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que se había concedido una suspensión para restituirlo en el cargo sin la designación de la persona titular de la Presidencia y sin la ratificación del Senado de la República, como indica el procedimiento constitucional. Además, se negó su solicitud de salarios caídos de los cuatro años en los que no ocupó el cargo.
– La permanencia, con carácter vitalicio, del derecho a la pensión de una viuda que el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León limitaba a 10 años, con lo cual se estableció que un acuerdo de voluntades no puede desconocer derechos previstos en el artículo 123 constitucional y en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
– El otorgamiento obligatorio en especie de las prestaciones de habitación y alimentación para trabajadores, con el fin de no permitir su exclusión del salario base de cotización en términos de la Ley del Seguro Social, lo que excluye el fraude a la ley en el que incurrían empleadores al pagar esas prestaciones en efectivo para evadir aportaciones de seguridad social.
– El reconocimiento de que la autonomía del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación no implica que las personas servidoras públicas de la administración centralizada no puedan formar parte de sus consejos, comités y secretariados técnicos, como pretendía la organización privada Aprender Primero, A. C., presidida por Claudio X. González, para excluir a la Secretaría de Educación Pública del órgano de gobierno de ese organismo descentralizado.
– La validez de la exigencia de garantía para otorgar la suspensión cuando una empresa —como la transnacional Yum!, administradora de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut— litigue un crédito fiscal.
– La constitucionalidad de normas en materia de comercio exterior que obligan a transparentar la calidad del acero que las empresas extranjeras importan al país, gracias a cuyas normas la Secretaría de Economía detectó 1,062 molinos extranjeros irregulares o incluso inexistentes y canceló sus permisos para operar en México.
– La prohibición de desechar pruebas ofrecidas por trabajadoras y trabajadores en demandas laborales, cuando omiten relacionarlas con los hechos que buscan demostrar, y la obligación del tribunal de prevenirles para que corrijan los datos, lo que amplía su acceso a la justicia.
– La obligación de los contribuyentes a pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la compra y uso final del diésel que utilizan las locomotoras como transporte, dado que no pueden beneficiarse de la devolución que se permite cuando su uso corresponde a maquinaria pesada.
– La validez de la facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para obtener, en una investigación, información profesional almacenada en computadoras y medios electrónicos, y su uso para sustentar sanciones por prácticas monopólicas absolutas, puesto que dicha facultad legal no transgrede la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
– La obligación de traducir a lenguas indígenas el contenido de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del Estado de Oaxaca, como medida para combatir la violencia estructural de género y erradicar cualquier expresión de discriminación en su contra.
– La validez del desechamiento de plano de solicitudes de suspensión de pago de utilidades presentadas por las empresas que no cumplen el requisito legal de garantizar sus obligaciones, lo que protege a las personas trabajadoras.
– La constitucionalidad del programa de reducción de sanciones de la Cofece, al que se acogió un agente denunciante de prácticas monopólicas que cooperó en una investigación para obtener una sanción reducida, cuya información permitió imponer una multa a un Banco por 622 millones 901 pesos por haber manipulado, junto con otras instituciones financieras, precios de CETES y bonos M del Banco de México.
– La constitucionalidad de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acerca de las personas que realizan operaciones sospechosas, pues no se viola su derecho a la privacidad ni les ocasiona perjuicio alguno por tratarse de una comunicación entre autoridades, y no difusión dirigida a la opinión pública o sanción.

Lamentablemente este proyecto no llegó a ser discutido, pues la Segunda Sala decidió resolver favorablemente una de las múltiples solicitudes de Ricardo Salinas Pliego para declararme impedida y desechar el proyecto que incluso ya había sido publicado.

Ministras y ministros violaron los precedentes de ambas salas de la Corte sobre el respeto que merece la emisión de opiniones. Desatendieron intencionalmente el objeto del impedimento, que es combatir el conflicto de intereses, para garantizar una resolución a modo que beneficiara al empresario.

Finalmente, destaco casos en los que no logramos revertir proyectos propuestos por otros ministros o ministras, que implicaron avalar fraudes al Estado mexicano o lesiones a los derechos de nuestro pueblo. En estos casos, por supuesto voté en contra:

– La determinación de que la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) CFE Generación VI debía cumplir una sentencia que condenó a la CFE (una empresa distinta) al pago de impuesto predial, que las empresas paraestatales no pagan por disposición constitucional. Curiosamente la CFE no impugnó esa decisión en 2013. La sentencia, que obliga a CFE a pagar más de 3,500 millones de pesos fue considerada reclamable a CFE Generación VI, a la que la Suprema Corte negó el carácter de tercero extraño a juicio.
– La decisión de que el gobierno del estado de Puebla pagara una indemnización a una empresa por un libramiento que no construyó. Indemnización derivada de una supuesta negativa ficta. La Segunda Sala ignoró la solicitud de acceso a la justicia que no había tenido el gobierno de Puebla, ignorando el daño al erario al desechar el recurso de revisión.
– La definición como responsabilidad patrimonial del Estado de deudas originadas en un contrato mercantil entre Banca FAMSA y particulares, que correspondía pagar —con un límite— al IPAB.
– La negativa de amparo a vecinos del Lago de Chapala que combatían la invasión del lago por empresas constructoras. Según la mayoría de la Segunda Sala, correspondía a los vecinos demostrar que la construcción se ubicaba sobre zona federal y las empresas constructoras no tendrían por qué ofrecer pruebas sobre manifestaciones de impacto ambiental, respeto al equilibrio ecológico o la posible invasión de un ecosistema.
– La autorización para que empresa dedicada abiertamente a facturar y servir como intermediaria de la empresa Televisa continuara operando pese a no tener contratado personal ni contar con infraestructura alguna.
– La prevalencia del derecho al honor de Lorenzo Córdova, por encima del derecho a la educación de las infancias mexicanas, pasando también por encima del derecho a la no discriminación de pueblos y comunidades indígenas.
– La determinación de que la indivisibilidad de la parcela es un obstáculo para que las familias, hijos y concubinas obtengan derechos sucesorios conforme a las previsiones expresas de la Ley.
– La negativa del reconocimiento del interés legítimo de asociaciones civiles y de personas que habitan una zona urbanizada, por no demostrar los servicios ambientales que pretendían proteger alrededor del ecosistema del Río Nazas.
– La revocación del amparo concedido a un estudiante de la UNAM que reclamaba la inconstitucionalidad del pago de diplomados de titulación, en perjuicio de su derecho a la educación superior pública gratuita, reconocida en el artículo 3o. constitucional.
– La negación del ejercicio simultáneo de derechos familiares y laborales a una mujer registrada por su exmarido como patrón que reclamaba, en juicios paralelos, su derecho a ser reinstalada por despido injustificado y el pago de pensión derivado de su separación conyugal.

Ahorros y devoluciones al erario

Desde que ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumí junto con mi equipo la mística de austeridad como