La importancia del caso de los bancos acusados de lavado de dinero: ¿Qué consecuencias podría tener para México?
El pasado 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes señalando a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades de “preocupación principal” por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Estas acusaciones se basan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, también conocida como FEND Off Fentanyl.
Según el Departamento del Tesoro, CI Banco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas relacionadas con precursores químicos entre 2021 y 2024. Por otro lado, Intercam tuvo reuniones en 2022 con presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para esquemas de lavado de dinero. Asimismo, Vector Casa de Bolsa habría tenido operaciones relacionadas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo la compra de precursores, entre 2013 y 2021.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio, iniciado en febrero de 2020, cuando Estados Unidos anunció su intención de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Aunque esta medida no prosperó oficialmente, sentó las bases para una postura más agresiva. En 2023 se aprobó la FEND Off Fentanyl Act, que otorgó al Tesoro facultades para sancionar a instituciones financieras que colaboraran con redes de narcotráfico.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, abriendo la puerta legal para clasificar a los cárteles como terroristas. Posteriormente, el Departamento de Estado designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists.
El 26 de junio de 2025, FinCEN emitió sanciones contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusándolos de facilitar operaciones a los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Como consecuencia, la CNBV ordenó la intervención gerencial de las tres instituciones, y HR Ratings bajó las calificaciones crediticias de Intercam y CI Banco.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que los ahorros de los clientes están resguardados y el sistema bancario permanece estable, a pesar de las intervenciones. Las instituciones han negado y rechazado las acusaciones, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exigió pruebas al Tesoro, las cuales aún no han sido entregadas.
Este caso ha generado preocupación en el sistema financiero nacional, ya que es la primera vez que el Tesoro estadounidense acusa formalmente a bancos mexicanos de colaborar con el crimen organizado en una red internacional de tráfico de drogas. Se espera que las instituciones señaladas enfrenten un periodo de escrutinio intenso, tanto a nivel nacional como internacional, con posibles consecuencias en sus operaciones globales y relaciones con bancos corresponsales.
En conclusión, estas acusaciones representan un desafío para el sistema financiero mexicano y su capacidad de supervisión. Los ahorradores, usuarios y inversionistas deben estar atentos a los desarrollos de este caso, ya que podría tener implicaciones en la reputación del sistema bancario nacional y en la percepción internacional sobre México.
