Programa de Repatriación de Capitales: México premiará a quienes traigan su dinero de vuelta al país
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha propuesto un beneficio para aquellas personas físicas y morales que decidan repatriar recursos de procedencia lícita al país. Esta medida busca incentivar la inversión interna en sectores clave y de infraestructura, así como en instrumentos de deuda, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo, aumentar la actividad económica y obtener nuevos ingresos tributarios.
Según el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, con el programa anterior, implementado en 2017 y que ofrecía una tasa del 8%, se logró repatriar cerca de 380,000 millones de pesos, lo que resultó en un ingreso para el erario público de entre 20,000 y 25,000 millones. Con esta nueva propuesta de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a una tasa del 15% y la condición de invertir los recursos en actividades productivas por al menos tres años, se espera un impacto positivo en la economía nacional.
Sin embargo, en medio de esta iniciativa también se refuerza el marco jurídico para la prevención del lavado de dinero, lo que implica la emisión de reglas y adecuaciones para asegurar que los recursos repatriados sean de lícita procedencia. Expertos como Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, consideran que es necesario establecer mecanismos claros para demostrar la legalidad de los recursos.
Por su parte, Rodolfo Servín, vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), destaca los beneficios tanto para el país como para los contribuyentes. La repatriación de recursos contribuye al incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y brinda a los contribuyentes la oportunidad de regularizar su situación fiscal con una tasa de impuestos más baja.
Cabe mencionar que todas las personas mexicanas con inversiones en el extranjero tienen la obligación de presentar declaraciones informativas al SAT, y el incumplimiento de esta obligación puede resultar en una pena de tres años de cárcel. Por tanto, la amnistía fiscal propuesta busca también corregir estas omisiones y fomentar la transparencia en las operaciones financieras.
